Las Termoeléctricas y el Alto estándar ético de Cambiemos

“Este es un estado transparente que muestra cómo gasta su plata y que tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético. En estos dos años, los funcionarios pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos” dijo el Presidente Mauricio Macri,  en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa,  el 1 de marzo de este año.

Sin embargo, la instalación de centrales termoeléctricas en la provincia de Buenos Aires, desmiente esta afirmación: “Los dueños de las empresas termoeléctricas   contactaron en enero de 2017 a Norberto Quintana, abogado en Holland & Knight y hermano del segundo al mando de la Jefatura de Gabinete nacional.

El profesional con ciudadanía estadounidense fue vital para los negocios de la anónima sociedad. A pesar de tener todas las variables en su contra, esta desconocida empresa consiguió contratos para generar 686 megawatts en Matheu, Lujan, Las Palmas y San Pedro. Una planta similar a la instalada en la primera de estas localidades recibirá del Estado U$S 4,5 millones mensuales por cinco años, por lo que pueden estimarse ingresos por más de U$S 9 millones que pagarán los consumidores por las cuatro usinas de Araucaria Energy mes a mes”.

Desde la instalación de las centrales energéticas, en la localidad de Villa Rosa en Pilar, los vecinos de esa localidad y los de Matheu en Escobar, realizaron protestas por los problemas ambientales y de salud que generan esas centrales una vez puestas en funcionamiento, protestas que no fueron tenidas en cuenta por el Municipio de Pilar, que autorizó su instalación, incumpliendo y violando  normativas vigentes.

Araucaria Energy SA ganó concursos públicos con nulos antecedentes. Más aún, no tenía los fondos necesarios para llevar adelante los compromisos asumidos con el Ministerio de Energía para construir cuatro plantas termoeléctricas” de acuerdo a la investigación periodística de El Destape.

Ante esta situación, la Municipalidad de Escobar hizo una denuncia en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que: “Lejos de rechazar el planteo, el máximo tribunal provincial de Justicia destacó la gravedad, trascendencia y seriedad de la demanda de la gestión del intendente Ariel Sujarchuk, mencionando – el vicio de procedimiento en la gestión y aprobación de las normas territoriales objeto de este litigio, consistente en no habérsele dado oportunidad (a la Municipalidad de Escobar) de audiencia o intervención previas que estiman imprescindibles en vista de los efectos adversos que esas normas podrían producir en su territorio y sobre su comunidad, desde que se trata un municipio lindero al de Pilar –”.

La Oficina Anticorrupción, debería investigar el conflicto de interés que afecta a funcionarios del gobierno, claro para que siga elevado el estándar ético de la gestión macrista que además intentó condonar la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia del Presidente.

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