Cielos abiertos versus sector estratégico: las comunicaciones satelitales en Argentina, 1989-2017

Por

Diego Hurtado
Natasa Loizou

Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica, UNSAM-CONICET

NAHUELSAT Y LA FALACIA DE LOS “CIELOS ABIERTOS”

Desde la década de 1960, para las economías desarrolladas la comunicación satélital es considerada estratégica y, por lo tanto, foco de políticas industriales y tecnológicas coordinadas. Debido a su alto contenido de I+D, los efectos de difusión de conocimiento técnico y su relevancia en el comercio internacional, las potencias económicas intervienen activamente con recursos de protección, compra pública e incentivos a sus empresas de servicios de comunicación satelital y producción de satélites. Y complementan esta intervención con políticas exteriores que impulsan la expansión de sus negocios. Así, durante los años noventa, el proyecto de globalización neoliberal cristalizó un acuerdo tácito: mientras que en los países desarrollados los sectores estratégicos –como las comunicaciones satelitales– continuarían siendo objeto de apoyo activo de sus Estados, en las periferias se comenzó a ejercer una fuerte presión para promover su desregulación. Los gobiernos neoliberales de América Latina ignoraron las lecciones disponibles de las economías desarrolladas, especialmente el hecho de que los sectores económicamente estratégicos son de competencia imperfecta y presentan estructura oligopólica o monopólica al interior de las economías nacionales.

En Argentina, igual que en otros países de la región, como México, Venezuela o Perú, se impulsó la privatización y desregulación de las comunicaciones satelitales, a diferencia de países como Corea del Sur o Singapur, donde las iniciativas de liberalización fueron más restringidas.


Si bien durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se comenzó a trabajar en la generación de condiciones para que Argentina incorpore sistemas de satélites geoestacionarios, recién a comienzos de la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se impulsaron las primeras iniciativas concretas.

Siguiendo el manual de la ortodoxia neoliberal, se creó la empresa privada NahuelSat. La convocatoria para la compra de acciones se llevó acabo a mediados de diciembre de 1995 y la participación accionaria quedó liderada por un consorcio europeo: Daimler-Benz Aerospace (11%), Aerospatiale (10%), Alenia Spazio (10%). El resto de las acciones se distribuía entre Richefore Satellite Holding Ltd (Jersey, 17.5%), Lampebank International (Luxembourg, 11.5%), International Finance Corporation (World Bank Group, 5%), Banco de la Provincia Group (Argentina, 11.5%), BISA/Bemberg Group (Argentina, 11.5%), ANTEL (Uruguay) con 6.5% y Publicom SA (Argentina, 5.5%) (Oyarzábal, 1997: 17).

NahuelSat recibió del Estado argentino una licencia por 24 años, que podía extenderse por seis años adicionales, para operar el “Sistema de Satélite Nacional Multipropósito”. Con este fin, también se le transfirió la gestión de la única posición orbital argentina –ubicada a 71,8° de longitud oeste (71,8° O)– que había sido asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las que pudieran sumarse en el futuro. Finalmente, el Estado argentino también le garantizó a NahuelSat que no se autorizarían nuevos satélites para operar en el mercado nacional hasta enero de 2004, salvo que se concretara un acuerdo de reciprocidad con el país de la empresa interesada en prestar servicios en la Argentina. Como veremos, las expectativas no se cumplieron y la trayectoria de Nahuelsat fue una calamidad.

En junio de 1996, NahuelSat inauguró la Estación Terrena de Benavídez, ubicada en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. En enero del año siguiente fue lanzado con éxito desde Kourou (Guayana Francesa) y puesto en la posición orbital argentina el satélite de telecomunicaciones Nahuel 1, construido por los grupos alemán y francés con acciones en NahuelSat. Sin embargo, EEUU comenzó a interferir con este proceso. En junio de 1998, los gobiernos de EEUU y Argentina firmaron un acuerdo de reciprocidad motivado por la presión de DirecTV para entrar al mercado argentino a transmitir el Mundial de Fútbol de Francia.

La interpretación forzada y equívoca del concepto de “reciprocidad” resultaba muy desfavorable para NahuelSat, que enfrentaba el aumento de competencia en el mercado local. El gerente general de la firma explicaba: “Al carecer de una posición orbital para los Estados  Unidos, estamos fuera del convenio firmado” (La Nación, 1998). Estas quejas motivaron que el gobierno de Menem terminara negociando una segunda posición orbital ubicada en 81° O a cambio de la entrada de DirecTV al mercado local. En ese momento, a pesar de los problemas económicos de Brasil y Argentina, América Latina era uno de los mercados satelitales más
codiciados.

Ahora bien, en un intrincado proceso que demostraba que el supuesto libre mercado de las comunicaciones satelitales era un rígido ajedrez hegemónico, la empresa norteamericana GE Americom compró un paquete accionario importante de NahuelSat (ver la Resolución N° 98 del 4 de julio de 2000 de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor), se comprometió a la ocupación de la posición de 81° O con un satélite de su flota –el GE-6–, incumplió el compromiso y, poco más tarde, vendió sus acciones en NahuelSat a la europea SES.

Mientras que este proceso dejaba a la Argentina en situación de perder la posición orbital de 81° O, el gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), sin otro plan que generar condiciones de “libre competencia” –como si la gestión de satélites geoestacionarios fuera idéntica a la de un mercado de commodities–, emitió el “Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales” aprobado por la Resolución 3609/99 de la Secretaría de Comunicaciones (SeCom), que facilitaba la firma de una serie de acuerdos de reciprocidad directamente por la SeCom. En el período 2000-2001, Enoch Aguiar, secretario de Comunicaciones de De la Rúa, impulsó la firma de acuerdos de reciprocidad con Canadá, México, España, Brasil y Holanda, y autorizó la entrada al mercado local de por lo menos 18 satélites. Mientras se hablaba de “la fiebre del oro” de las comunicaciones satelitales y los think tanks neoliberales proyectaban ganancias ingentes en América Latina, la posición de 81° O seguía sin ser ocupada, Gran Bretaña reclamaba a la UIT su coordinación y la competencia indiscriminada transformaba a NahuelSat en inviable.

La crisis de 2001 consolidó la tendencia al derrumbe de NahuelSat. Mientras Argentina pedía prórroga para conservar la posición de 81° O, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2002-2003) realizó una auditoría de la SeCom y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y encontró serios problemas en su relación con NahuelSat: además de un “accionar difuso” de la CNC y la SeCom, que intimaron tardíamente a NahuelSat para que presente el Plan de Actividades para ocupar la segunda posición orbital, se explicaba que “la información proporcionada no satisface la posibilidad de coordinar, sincronizar y controlar el curso de las múltiples actividades”; también se encontraba una desconexión absoluta con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el
Plan Espacial Argentino (AGN, 2003).

Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se abandona la matriz neoliberal y se inicia un proceso de recuperación del Estado para impulsar un nuevo ciclo de industrialización acompañado de políticas inclusivas.
En este contexto, en abril de 2004, la SeCom comenzó a exigirle a NahuelSat la búsqueda de socios para lograr, por lo menos, el 50% de inversiones de los 300 millones de dólares necesarios para la construcción y el lanzamiento del segundo satélite. Finalmente, a mediados de agosto, frente a la falta de señales claras de NahuelSat, el gobierno le terminó revocando “por razones de ilegitimidad” la concesión de la gestión de la posición de 81° O y de las bandas de frecuencias asociadas. En julio de 2005, Kirchner anunció el plan de conformar la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat), que se encargaría de lanzar y operar el satélite que iba a ocupar la posición de 81° O. El punto crucial y novedoso, que iba a tener consecuencias de largo plazo, era que la empresa pública INVAP quedaba a cargo del diseño y fabricación del satélite geoestacionario a un costo estimado de 250 millones dólares.

CREACIÓN, EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE ARSAT

A comienzos de abril de 2006, el Congreso sancionó finalmente la Ley 26.092, por la cual se creó la empresa ArSat y se le otorgó el uso de la posición orbital de 81° O. En octubre, NahuelSat firmó dos cartas de intención con ArSat. A través de la primera, le transfería el Nahuel 1, la estación terrena de Benavídez y la posición orbital 71,8° O. A través de la segunda carta dejaba en manos de ArSat las acciones de NahuelSat por el valor simbólico de un peso. Es decir, la política de “cielos abiertos” –eufemismo para aludir a la desregulación de la política satelital para beneficio de los lobbies trasnacionales imbricados con el poder político local– demostró su inviabilidad.

La ausencia de un Estado capaz de orientar la gestión de una tecnología estratégica a objetivos de mediano plazo demostraba que la
maximización de ganancias como único criterio para guiar las inversiones extranjeras transformaba en anarquía la supuesta “libertad de mercado”.

En más de ocho años, NahuelSat no había logrado poner en órbita un satélite que ocupara la segunda posición de 81° O. El Estado argentino se debía hacer cargo de la precariedad que dejaba una empresa de capitales extranjeros en quiebra y de alrededor de 20 satélites extranjeros que dejaba la política de “cielos abiertos” de Menem y De la Rúa operando en el mercado local sin beneficios ni en la calidad ni en los costos de los servicios.

Los técnicos y profesionales relacionados con el Nahuel 1 pasaron a trabajar para ArSat. En función de lo facturado por NahuelSat en su mejor momento, se estimaba que el mercado potencial de ArSat era de unos 200 millones de dólares. En un contexto de políticas que se orientaban a la recuperación del rol del Estado, que incluía el debate por la creación de las empresas estatales AySA y la petrolera Enarsa, así como la revocación de la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum, se oficializaba a fines de mayo de 2006 la creación de ArSat –98% del Ministerio de Planificación y 2% Ministerio de Economía–, dando inicio a un proceso de 10 años de acumulación de capacidades nacionales y de escalamiento tecnológico que, en retrospectiva, puede concebirse como el impulso de un nuevo sector de la economía argentina de alto valor agregado.

También en 2006, la CONAE daba los primeros pasos en la misión SAC-D/Aquarius, que debía contar con un satélite construido por INVAP. La Embajada de EEUU mostraba su inquietud e interés por el desarrollo satelital argentino. “El ejército de EEUU tiene intereses directos en la tecnología que resultaría de este proyecto en el futuro”, explicaba un documento confidencial referido a la misión SAC-D/Aquarius que la Embajada de EEUU enviaba a varios organismos del gobierno norteamericano.

Con respecto al préstamo del BID que financiaría el proyecto, el mismo documento explicaba que la empresa INVAP, que sería casi seguramente la ganadora del contrato, mantenía una línea de suministros que era “muy dependiente de la tecnología de EEUU, lo que no solo significa que las empresas de EEUU recibirán una gran parte de los recursos del préstamo, sino también que se aplicarán las restricciones tecnológicas de EEUU”. También se comentaba que “las capacidades en tecnología satelital de Argentina no llegaban a la construcción de satélites de telecomunicaciones”; según los contactos con el sector privado de EEUU que informaban a la Embajada, “INVAP no tiene todavía la capacidad técnica necesaria para competir a nivel mundial” (Embajada de EEUU, 2006).

En los primeros días de febrero de 2007, la UIT rechazó el segundo pedido de Gran Bretaña para que se le retire a la Argentina la coordinación de la órbita de 81° O. El 10 de diciembre se inició el ciclo presidencial de Cristina Fernández (2007-2015) y, en septiembre de 2008, la quiebra de Lehmann Brothers ponía en evidencia la irracionalidad de la economía financiera global y alentaba a grupos concentrados locales a promover corridas cambiarias y fuga de capitales.

A pesar de este escenario, por esos días finalizada la etapa de ingeniería conceptual del satélite ArSat 1 y se hacía pública la firma del acuerdo entre INVAP y ArSat. El proyecto total demandaría 270 millones de dólares y, además de fondos del tesoro, estaba en trámite un crédito del BID (Infobae, 2008). A fines de 2008, la validación del diseño del ArSat 1 hizo posible iniciar la etapa de ingeniería de detalle. Al año siguiente, Arsat adjudicó a las empresas Astrium y Thales Alenia Space distintos componentes del satélite.

Thales Alenia Space se encargaría de fabricar componentes de la carga útil y Astrium del hardware de la unidad procesadora de a bordo, que iba a incorporar el software diseñado por el equipo técnico de ArSat e INVAP. También Astrium obtuvo la adjudicación del cilindro central del satélite y otros componentes del subsistema de propulsión del Arsat 1 (Via Satellite,
2009).

El lanzamiento se había programado para 2011. El objetivo era ocupar las dos posiciones con satélites propios –el Nahuel 1 agotaría
su vida útil en 2009–, con know-how, operación y propiedad íntegramente estatal. El gobierno consideraba que, además del negocio,
había que comprender que se trataba de “un recurso estratégico de soberanía”. Ahora bien, mientras que la posición 71,8° O estaba ocupada por el Nahuel 1, dado que la prórroga otorgada por la UIT para la posición 81° O finalizaba en 2007, Arsat gestionó la ocupación con un satélite transitorio. A fines de 2006, se proyectaba que en 10 años la Argentina podría tener en órbita tres satélites de comunicaciones propios.

El entonces gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, explicaba que en este proyecto se ponía en juego la experiencia que su empresa había acumulado en los últimos 15 años en el área satelital, gracias al Plan Espacial de la CONAE. El acuerdo por los satélites de telecomunicaciones era importante para INVAP “porque abre un mercado nuevo”, explicaba Otheguy, que se sumaba a los satélites de observación, la construcción de radares para el territorio argentino y los aportes de INVAP al Plan Nuclear, que el gobierno de Kirchner había relanzado a mediados de 2006 (Diario Patagonia BWN, 2006).

A lo largo de 2010, los procesos de toma de decisiones comenzaron a acelerarse y los objetivos de ArSat se fueron diversificando y volviéndose cada vez más ambiciosos. Se puso en marcha el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, SATVD-T, que se proponía la construcción de un sistema de radiodifusión con acceso gratuito a la TV abierta en todo el país, que incluía el modo Terrestre (EDTs) y la TV Directa al Hogar vía satélite (DTH) para las zonas rurales (Decreto 364/2010). También en abril, ArSat firmó contrato con la empresa francesa Arianespace para que se hiciera cargo del lanzamiento de Arsat-1. Durante ese año también se inició Programa “Conectar Igualdad. Com. Ar”, que se proponía incorporar a nivel nacional, en forma igualitaria y masiva, las tecnologías de la información y de la comunicación (Decreto 459/2010). Y, finalmente, también se inició el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, que se proponía acortar la brecha digital en el país, con un importante componente de infraestructura y conectividad (Decreto 1552/2010).

Este proceso de crecimiento y diversificación comenzaba a transformar a la empresa ArSat en un jugador temido por los oligopolios de telefonía celular y televisión por cable, que eran los mismos que manejaban los medios masivos de comunicación.

En 2011, en la sala limpia de INVAP, en Bariloche, se podía ver la construcción de tres satélites en simultáneo: SAC-D, SAOCOM 1A y
ArSat 1. En junio fue lanzada exitosamente la misión SAC-D/Aquarius desde la Base Vandenberg (California). Se trataba de una misión impulsada por la CONAE en sociedad con la NASA, que suministró el instrumento Aquarius. El objetivo principal de esta misión era medir la salinidad superficial de los mares y océanos para modelos de cambio climático. En el período 2003-2013 INVAP había incrementado su personal de 350 a 1100 personas y había elevado su facturación de 30 a 200 millones de dólares anuales.

Finalmente, a fines de septiembre de 2013, se inauguró en Bariloche la empresa CEATSA (Centro de Ensayos de Alta Tecnología), una sociedad entre INVAP y ArSat, que contaba con las instalaciones necesarias para hacer los ensayos ambientales para la industria satelital y en la que el Estado invirtió 40 millones de dólares.

Una vez finalizados los procesos de auditoría y revisión de procedimientos, de manejo del riesgo y control de calidad, ArSat y Nación
Seguros, con el respaldo de reaseguradoras internacionales, firmaron en abril de 2014 la póliza de los satélites Arsat 1 y 2. Avalando los estándares de calidad y los procesos de diseño y producción, desde ArSat se explicaba que era la primera vez que se le ofrecía a una primera plataforma un seguro por la duración de toda su vida útil.

El 16 de octubre de 2014, fue lanzado el Arsat 1 en el cohete Ariane 5 desde la base de Guayana Francesa. A media hora del despegue fue colocado en una órbita provisoria a 300 kilómetros de la Tierra. Desde la Estación Terrena Benavídez se ejecutaron las maniobras que llevaron al satélite a los 35.786 km de altura y lo ubicaron en la posición 71,8° O, donde comenzó a operar por un período de 15 años. El 30 de septiembre de 2015 fue lanzado el ArSat 2 y ubicado en la posición 81° O. Ese mismo día del lanzamiento,
Cristina Fernández sostuvo en una presentación en cadena nacional que “200 millones de dólares se han invertido por parte de los argentinos durante los 3 años de fabricación”, y agregaba que “el 50% de sus componentes fueron nacionales”.

A fines de 2015, ArSat era una empresa en expansión que contaba con dos satélites de diseño y construcción nacional, que ocupaban las dos posiciones orbitales argentinas, un Centro de Datos de 4500 metros cuadrados con certificación internacional Tier III y personal calificado, 88 estaciones terrestres de Televisión Digital Abierta (TDA) en su última etapa de despliegue,que había logrado cubrir el 80% de la población con el servicio terrestre y el 100% del territorio con el servicio satelital –incluyendo la Península Antártica y las Islas Malvinas–, el tendido de “una inmensa red troncal de fibra óptica con el objetivo de que el acceso a la banda ancha en la Argentina fuera homogéneo en precio y servicio”, clientes como los operadores Claro o Telefónica Argentina y un cronograma para finalizar la puesta en operación a fines de 2016 (Rus, 2017a).

El éxito de la trayectoria inicial de ArSat motivó que, el 4 de noviembre de 2015, el Congreso Nacional sancionara la Ley 27.208 de Desarrollo  Agosto 2017 25 de la Industria Satelital que declaró “de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como  política de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones” y aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 que prevé, entre otros objetivos, el desarrollo nacional de ocho satélites en los siguientes 20 años.

Esta proyección incluye los satélites que reemplazarán a Arsat 1 y 2 –cuya vida útil se estima en quince años–, además de la exportación de dos satélites a países de la región. El primer hito de este plan era el proyecto Arsat 3, que debería haberse comenzado a construir en 2016 para poder cumplir con los plazos y ser puesto en órbita en 2019 (De la Mota, 2017).

DESGUACE DE ARSAT Y RETORNO A LOS “CIELOS ABIERTOS”

En diciembre de 2015, cuando asume la presidencia Mauricio Macri (2015-2019), la industria de satélites –servicios satelitales, equipos de tierra, manufactura de satélites e industria de lanzamientos– mostraba una tendencia creciente, con un incremento del 4% en el período 2013- 2014. Incluso, entre 2005 y 2014, sus ingresos globales pasaron de 89 mil millones de dólares en 2005 a 203 mil millones de dólares en 2014, con una tasa de crecimiento promedio del 9,5% anual, según informe de la Satellite Industry Association de 2015.

En ese momento, Arsat 1 se encontraba con su capacidad casi totalmente vendida y Arsat 2 se encontraba en proceso de entrada en servicio y un cronograma de migraciones de tres clientes para ocupar el 30% de su capacidad (Rus, 2016).

Sin embargo, una de las primeras medidas de la alianza Cambiemos fue la paralización del proyecto Arsat 3 y el inicio de un nuevo ciclo de política de “cielos abiertos”, que en su primer año de gobierno autorizó la entrada de siete satélites extranjeros al mercado satelital argentino y a julio de 2017 había autorizado la entrada de siete satélites adicionales, violando los artículos 22 y 24 de la Resolución 3609/99 (Rus, 2017b). No parece casualidad que el vicepresidente de ArSat sea Enoch Aguiar, quien había impulsado esta misma política ruinosa durante el gobierno de De la Rúa. Entre otras consecuencias, en 2019 se perdería la prioridad de banda Ka en la posición de 81° O en favor de Francia. Por esta razón, para esa fecha estaba programado el lanzamiento
de ArSat 3, concebido para contar con capacidad en esa banda.

En julio de 2016, ArSat contrató a la consultora norteamericana McKinsey para que elaborara el plan de negocios de la empresa Arsat. Por 16 semanas de trabajo McKinsey le cobró a Arsat 12,5 millones de pesos, algo así como el equivalente a 5 profesionales argentinos trabajando los cuatro años del período presidencial de Macri por un sueldo de 50 mil pesos cada uno. Meses más tarde, en diciembre de 2016, el presidente de Arsat, Rodrigo De Loredo, reconocía: “El aporte de McKinsey nos sirvió, pero no fue una luminaria.

En realidad, terminaron ratificando diagnósticos y proyecciones que nosotros medianamente también teníamos” (Krakowiak, 2016). Durante esos meses, se paralizó la instalación de antenas de televisión digital, se discontinuó la entrega de decodificadores y se transfirió el Data Center al Ministerio de Modernización (Borelli, 2016). Quedaba claro que se avanzaba en el desguace de la empresa ArSat y de la clausura de concepción estratégica de la política de Comunicación satelital.

En julio de 2017, salió a la luz una carta de intención confidencial entre ArSat y la empresa norteamericana Hughes para crear una nueva empresa con mayoría accionaria a favor de la empresa norteamericana. En un nivel técnico y jurídico, Hughes se quedaría con el negocio de banda ancha. Dado que la carta de intención asume que el ArSat 3 se ubicará en una posición orbital argentina, es inevitable concluir que una parte de este patrimonio público argentino se transfiere a la empresa norteamericana.

Es decir, hay cambio de disponibilidad de la posición orbital. Por ese motivo, el plan satelital de Cambiemos, si se concreta, estaría violando el artículo 10 de la ley 27.208 de promoción de la industria satelital.

En el nivel de políticas tecnológica e industrial, si bien la empresa INVAP conserva la construcción del ArSat 3, el punto crucial es que la carta de intención ArSat-Hughes supone la destrucción de una concepción sistémica de creación de un nuevo sector de alto valor agregado en la economía argentina: servicios satelitales al mercado local y regional, desarrollo incremental de tecnologías para la producción de satélites, procesos de transferencia de tecnología, formación de proveedores nacionales y de recursos
humanos calificados. Desde esta perspectiva, la soberanía satelital resulta una variable clave para resguardar la capacidad de tomar decisiones autónomas acerca de cómo maximizar los beneficios económicos y sociales en la prestación de servicios de transmisión de datos y en el desarrollo de tecnologías que en pocos años podrían comenzar a exportarse. Se trata de un área que las economías centrales consideran estratégica.

El desguace de la empresa ArSat y la búsqueda de socios extranjeros coincide con un acelerado proceso de desindustrialización, el desmantelamiento de otros sectores estratégicos –producción pública de medicamentos, agricultura familiar, vagones de carga, energía eólica, entre los más visibles– y el desfinanciamiento del sector público de ciencia y tecnología.

Al cierre de este artículo, las contradicciones en los dichos de los funcionarios vinculados al destino de ArSat permiten infeinferir que el gobierno de Macri no dispone de un plan de mediano plazo para el sector de las comunicaciones satelitales.

1. Decreto 1552/2010.
REFERENCIAS
AGN. 2003. Informe de auditoría de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Buenos Aires, Departamento de Control del Sector Comunicaciones, 13 de febrero. Actuación AGN N° 268/01.
Borelli, J. 2016. “El vaciamiento de Arsat y el fin y el fin de la soberanía satelital”, Tiempo Argentino, 3 de diciembre.
De la Mota, M. 2017. “La soberanía satelital en el contexto de los cielos abiertos”, Latam Satelital, 14 de enero.
Diario Patagonia BWN. 2006. “Acuerdo para desarrollo satelital”, 12 de diciembre.
Embajada de EEUU. 2006. “Embassy supports proposed IDB loan to Argentina for remote sensing satellite project” (Cable), Buenos Aires, 27 de junio.
Infobae. 2008. “La Argentina construirá un satélite para servicios de comunicación del Cono Sur”, 29 de agosto.
Krakowiak, F. 2016. “‘Vamos a asociarnos con inversores privados’”, Página/12, 9 de diciembre.
La Nación. 1998. “Comenzó la guerra por la TV satelital”, 11 de junio.
Oyarzábal, Xavier. 1997. “Argentine Space Assets”. Tesis defendida en la Naval Postgraduate Naval School, Monterrey, California.
Rus, G. 2016. “ARSAT 2016, desinversión y camino a la privatización”, Latam Satelital, 28 de diciembre.
Rus, G. 2017a. “No es prioridad del gobierno cumplir la ley”, Página/12, 9 de enero.
Rus, G. 2017b. “Amazonas-3 de Hispasat autorizado en Argentina” , Latam Satelital, 26 de junio.
Via Satellite. 2009. “Thales Alenia Space, Astrium Awarded Arsat-1 Contracts”, 9 de septiembre

 

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