Grave avance sobre las libertades democráticas: detenciones arbitrarias y persecución política por un escrache a Espert
Militantes de La Cámpora Vicente López y la concejala quilmeña Eva Mieri continúan detenidos sin imputaciones claras. La jueza Arroyo Salgado ordenó procedimientos extremos que incluyen allanamientos, incomunicación y traslados a cárceles federales. Crecen las denuncias por criminalización de la protesta.
Una serie de detenciones de militantes de La Cámpora Vicente López —Alexia, Iván, Candelaria, Aldana— y de la concejala quilmeña Eva Mieri, generaron un fuerte repudio de diversos sectores políticos, sociales y de derechos humanos, que acusan a la Justicia de actuar con arbitrariedad y discrecionalidad.
Los hechos se originaron tras un escrache simbólico al diputado liberal José Luis Espert, ocurrido el lunes 24 de junio frente a su domicilio en San Isidro. Durante la protesta, se arrojaron bolsas con bosta y se colocó un cartel con expresiones de repudio político. Espert denunció el hecho como un “ataque premeditado y organizado”, se presentó como querellante junto a su esposa y se activó una causa judicial de inmediato.
La respuesta del sistema judicial fue extrema: allanamientos masivos, secuestro de celulares, detenciones sin orden clara de imputación, incomunicación de los acusados y su traslado a cárceles federales. Una de las detenidas, Alesia Abaigar —directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres bonaerense— fue trasladada al penal de Ezeiza, a pesar de padecer una enfermedad autoinmune que requiere cuidados médicos especiales. La causa quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, cuya competencia en este tipo de delitos ha sido seriamente cuestionada.
El accionar judicial desató una ola de críticas. Organismos de derechos humanos, gremios y espacios políticos denuncian un uso persecutorio del aparato judicial y de seguridad, apuntando directamente al gobierno de Javier Milei. “Esto no es nuevo en la historia argentina, pero estas detenciones marcan un punto de inflexión”, expresó Luccas Boyanovsky, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Vicente López.
“Se judicializa un acto de protesta simbólica sin violencia, y eso deriva en detenciones con condiciones extremas. Estamos hablando de carteles y bosta. Es una contravención, no un delito federal. Lo que está ocurriendo con estas familias es un delirio. Esto no tiene salida judicial, la salida es política, y debe ser con el peronismo representando genuinamente a millones de argentinos y argentinas que creen en un país más justo”, sostuvo el concejal.
Boyanovsky,también relató el impacto emocional en las familias: “Están muy golpeadas, nadie puede creer esta escalada. Allanamientos buscando volantes y materiales de difusión terminaron en detenciones. Es un momento oscuro, y necesitamos colectivamente alumbrar otro camino”.
Hasta el momento, ni la jueza Arroyo Salgado ni el Ministerio de Seguridad de la Nación han dado explicaciones sobre los fundamentos jurídicos de la causa, el estado procesal de los detenidos ni las garantías con las que se lleva adelante la instrucción. Tampoco se ha confirmado si los detenidos han podido declarar con presencia de sus abogados ni si el expediente será desclasificado para su revisión.
Para amplios sectores políticos y sociales, este caso excede el ámbito judicial. Lo consideran un grave antecedente de criminalización de la protesta en un contexto de creciente intolerancia política. Un episodio que pone en jaque la calidad democrática, el respeto a los derechos constitucionales y los límites del poder judicial en su relación con el poder político.
