Fuerte crítica de Braiza al oficialismo: “La amnistía urbanística abre la puerta a negocios inmobiliarios disfrazados de ayuda a los vecinos”

En una sesión extensa y atravesada por duros cruces políticos, el Concejo Deliberante de Vicente López aprobó por mayoría el Presupuesto 2026 y las ordenanzas fiscal e impositiva, además de la polémica regularización de construcciones no declaradas. La concejal kirchnerista Laura Braiza cuestionó con dureza el proceso, denunció falta de planificación, arbitrariedades y la apertura a excepciones que —según advirtió— benefician a desarrolladores antes que a los vecinos

Durante la 10° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Vicente López, una de las más intensas del año, la concejal de Fuerza Patria–Laura Braiza expuso una crítica detallada y contundente al proyecto de “Regularización de Construcciones no declaradas”, impulsado por el Departamento Ejecutivo y aprobado por el oficialismo junto al Presupuesto 2026.

Braiza, integrante de la Comisión de Obras Públicas, comenzó cuestionando el mecanismo de tratamiento legislativo: “He señalado reiteradamente que la comisión no se reúne reglamentariamente y que hay expedientes cajoneados hace años, mientras otros se tratan de manera express”. Según sostuvo, el dictamen llegó a la comisión “sin siquiera haber ingresado a la mesa de entradas”, pese a que el municipio trabaja en la iniciativa desde 2023.

La edil explicó que su bloque decidió estudiar el proyecto dado que “los vecinos necesitan una solución”, pero aseguró que el Ejecutivo se negó a trabajar un texto consensuado: “Propusimos convocar al Ejecutivo y tratar la ordenanza en la segunda sesión de diciembre; no hubo quórum. Intentamos construir acuerdos, pero no quisieron hacerlo”.

Ante ese escenario, FP presentó un dictamen de minoría para dejar sentado su desacuerdo, especialmente respecto a las excepciones urbanísticas que habilitaría la normativa.

“No es una amnistía para los vecinos: es una vía rápida para emprendimientos inmobiliarios”

Braiza advirtió que la ordenanza permite regularizar inmuebles construidos sin permiso y sin límites claros: “No se pone tope de altura ni de excedencia”. Según detalló, el Artículo 6 habilita a incluir construcciones en propiedad horizontal de hasta seis unidades funcionales: “Esto no es la pieza del hijo o el local en el garage. Esto son desarrollos inmobiliarios en terrenos de 8×20, muy comunes en Florida, que cambiaron la identidad barrial”.

En este sentido, aseguró que la medida pone en el mismo plano a familias con dificultades económicas y a empresas constructoras: “No discutimos que exista negocio, lo que cuestionamos es que se lo trate igual que a un vecino que construyó por necesidad”.

Costos que excluyen y contradicciones con el espíritu del proyecto

La concejal también apuntó contra los montos previstos para quienes quieran regularizar: “En algunos casos deberán pagar el 150%, en otros el 300% de lo que establece la ordenanza impositiva. Una casa de 60 metros podría pagar casi 7 millones de pesos”.

Para Braiza, estos valores contradicen los fundamentos del proyecto, que hablan de situaciones socioeconómicas adversas: “Si la ordenanza busca aliviar a los vecinos, debería prever planes de pago. Solo podrán entrar quienes puedan pagar de entrada, es decir, los desarrolladores que ya hicieron el negocio”.

Además, advirtió que clubes, escuelas y entidades que necesitan regularizar tampoco podrían afrontar los costos.

Riesgo de discrecionalidad y delegación excesiva

Otro de los puntos cuestionados fue el margen de discrecionalidad en la exigencia de estudios de impacto urbanístico: “No puede quedar a criterio de la autoridad competente; una norma de este calibre no debe abrir la puerta a arbitrariedades”.

Asimismo, rechazó la habilitación al Ejecutivo para prorrogar la vigencia de la ordenanza: “Hay una delegación reiterada de atribuciones. El equilibrio institucional se rompe cuando el Concejo cede decisiones que deben tomarse acá”.

Falta de recursos y de control legislativo

Braiza subrayó que el proyecto no prevé recursos adicionales para que la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas pueda responder a la demanda: “No se puede sobrecargar a trabajadores municipales ni resolverlo con contratos monotributistas”.

También lamentó que no se establezca una comisión de seguimiento ni se exija la firma de vecinos involucrados, tal como se aplica en las excepciones urbanísticas tratadas en el Concejo.

“Van a regularizar lo que se construyó a la vista de todos”

Para la concejal, la ordenanza permitirá legitimar desarrollos que fueron avanzando sin control: “Van a permitir una catarata de excepciones al COU. Las construcciones que saturaron los servicios, colapsaron el tránsito y cambiaron la vida de nuestros barrios hoy van a quedar regularizadas”.

En un cierre tajante, Braiza cuestionó la comunicación oficial del gobierno municipal: “El gobierno de reels hizo un hermoso título para esta ordenanza… solo el título”.