La Provincia refuerza la obra pública, la producción y las políticas de inclusión social

En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, detallaron las principales líneas de gestión del Gobierno bonaerense frente al contexto económico nacional, con énfasis en la obra pública, la defensa del entramado productivo y la mejora de la calidad de vida en los barrios populares.

Carlos Bianco – Ministro de Gobierno
El ministro destacó que la Provincia de Buenos Aires continúa sosteniendo la obra pública como eje central de la gestión, clave para la reactivación productiva y la generación de empleo. En lo que va del año se lanzaron licitaciones por más de $525.000 millones, mientras que el Gobierno nacional mantiene cerca de mil obras paralizadas en territorio bonaerense.

En materia energética, Bianco explicó que la Provincia adecuará su política de Tarifa Social a los cambios normativos nacionales:

Cuando entre en vigencia el nuevo esquema de tarifas subsidiadas, los usuarios del segmento N2 (sectores de bajos ingresos) que resulten perjudicados y cumplan los requisitos podrán solicitar la Tarifa Social provincial a través de www.oceba.gba.gov.ar.

A partir de enero de 2026, se eliminarán los subsidios en barrios cerrados.

Asimismo, subrayó el fortalecimiento de la política integral para prevenir y abordar la ludopatía, especialmente la vinculada al juego online. En ese marco, se estableció la obligatoriedad de implementar sistemas de identificación biométrica y verificación de identidad en todos los sitios habilitados, con un plazo máximo de 60 días, para impedir el acceso de menores. La Provincia cuenta además con una red pública de atención en salud mental y líneas telefónicas gratuitas de asistencia (0800-222-5462 y 0800-444-4000).

Augusto Costa – Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Costa presentó un diagnóstico sobre las consecuencias productivas de las políticas del Gobierno nacional en la Provincia:

La actividad económica bonaerense cayó -0,8% al comparar enero–septiembre de 2025 con 2023. Las mayores contracciones se registraron en construcción (-22,8%), industria (-9,6%) y comercio (-6,5%).

En el mismo período, se redujo el empleo formal: 4.902 empleadores menos y 94.834 puestos de trabajo perdidos.

En turismo, la temporada de verano 2025 mostró un 6,6% menos de turistas y una caída del consumo del 25% respecto de 2023. El turismo receptivo disminuyó 28,1%, mientras que el emisivo creció 74,8%.

El ministro señaló que la falta de una política orientada a la producción nacional y el incentivo a las importaciones generan destrucción del entramado productivo y pérdida de empleo. Frente a este escenario, reafirmó que el Gobierno bonaerense continuará implementando políticas de acompañamiento a los sectores productivos, como lo viene haciendo desde hace seis años, para minimizar el impacto del modelo económico nacional.

Romina Barrios – Directora Ejecutiva del OPISU
Barrios remarcó que el OPISU seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de los sectores populares, con un modelo de intervención integral orientado a transformar los problemas estructurales del hábitat. Destacó además el trabajo articulado con intendentes e intendentas de toda la Provincia, entendiendo que las problemáticas habitacionales atraviesan a las grandes mayorías.

Resultados y proyecciones del OPISU:

Inversión acumulada: $413.000 millones

Intervenciones: 68 municipios y 266 barrios

Población alcanzada: más de 546.000 personas

Empleo generado: más de 7.500 puestos de trabajo

Inversión prevista para 2026: $33.000 millones, destinados a infraestructura urbana y vial, redes y servicios públicos, equipamiento comunitario, mejoramiento de espacios públicos, escuelas, playones deportivos y dependencias de atención para mujeres y familias, entre otras obras.

Conclusión:
La Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la obra pública, la producción y el empleo, y una política social inclusiva, sosteniendo un modelo de gestión que prioriza el desarrollo, la equidad y la protección de los sectores más vulnerables