Malena Galmarini impulsa un proyecto para reforzar la seguridad en cárceles bonaerenses mediante la regulación del uso de celulares
En un paso orientado a fortalecer la seguridad pública y modernizar el sistema penitenciario, la senadora provincial Malena Galmarini presentó en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación inalámbrica por parte de personas privadas de la libertad.
La iniciativa, impulsada por Galmarini, busca dar respuesta a una problemática que en los últimos años ha generado creciente preocupación: la comisión de delitos desde el interior de las unidades penitenciarias mediante el uso de tecnología no controlada. Estafas, extorsiones y otros ilícitos organizados desde los penales han puesto en evidencia la necesidad de actualizar los mecanismos de control.
El proyecto establece no solo la prohibición expresa de celulares, sino también la implementación de sistemas de inhibición de señal en pabellones, áreas de circulación y vehículos de traslado. Esta medida apunta a impedir cualquier tipo de comunicación no autorizada, sin afectar los canales institucionales ni situaciones de emergencia.
Uno de los aspectos destacados de la propuesta de la legisladora es su enfoque equilibrado. Si bien endurece los controles, también garantiza el derecho a la comunicación de los internos a través de medios regulados. Entre ellos, se contemplan cabinas telefónicas, telefonía fija controlada, videollamadas supervisadas y sistemas digitales que aseguren el contacto con familiares y defensores, respetando plenamente el derecho a la defensa.
Además, la iniciativa refuerza los procedimientos de control dentro de las unidades penitenciarias, incorporando requisas periódicas, tecnología de detección de dispositivos y protocolos claros para la incautación y destrucción de equipos prohibidos. Estas herramientas buscan dotar al Servicio Penitenciario Bonaerense de mayores capacidades para prevenir delitos.
El proyecto también retoma el contexto en el que se permitió el uso de celulares en las cárceles durante la pandemia de COVID-19, como una medida excepcional para mitigar el aislamiento. Con el fin de la emergencia sanitaria, Galmarini considera necesario revisar ese esquema y adecuarlo a la realidad actual.
Con plazos concretos para su implementación —90 días para la reglamentación y hasta 180 días para la instalación de inhibidores— la propuesta apunta a una aplicación progresiva pero efectiva en todas las unidades penitenciarias de la provincia.
Desde una perspectiva integral, el proyecto presentado por la senadora Malena Galmarini se posiciona como una herramienta clave para reducir el delito organizado desde contextos de encierro, mejorar la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, garantizar canales de comunicación legítimos y controlados para las personas privadas de la libertad.
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