Deuda para vivir: seis de cada diez hogares se endeudan para cubrir gastos básicos y crece el rechazo al Gobierno

Deuda para vivir: seis de cada diez hogares se endeudan para cubrir gastos básicos y crece el rechazo al Gobierno

En la Argentina actual, el crédito dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un recurso de supervivencia. Casi seis de cada diez hogares recurren a la deuda para sostener gastos cotidianos como alimentos, servicios, alquiler o el pago de la tarjeta. En ese desplazamiento —de instrumento a necesidad— se redefine el mapa del endeudamiento familiar y se profundiza un malestar económico que ya tiene traducción política.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de marzo elaborado por Zentrix Consultora, el 56,4% de los hogares tomó algún tipo de crédito en los últimos seis meses. Pero el dato más significativo aparece al observar la otra cara de ese fenómeno: dentro de ese universo, casi nueve de cada diez ya tuvieron dificultades para cumplir con los pagos. El endeudamiento, lejos de estar vinculado a decisiones de inversión o mejora patrimonial, se orienta casi exclusivamente a cubrir necesidades básicas.

El contexto explica esa deriva. El 83,9% de la población asegura que su salario pierde contra la inflación y más de la mitad reconoce que no logra llegar al día 20 de cada mes. En ese escenario, la deuda aparece como un complemento del ingreso: no como una opción, sino como una extensión obligada del salario. Cuando el dinero no alcanza, el crédito cubre la diferencia; cuando se acumula, aparecen los problemas de pago.

El endeudamiento se vuelve parte de la dinámica cotidiana.

El fenómeno no es aislado. Se inscribe en una percepción social más amplia de fragilidad. Más del 53% de los argentinos se identifica como parte de la clase baja, no solo como categoría simbólica sino como reflejo de una experiencia económica concreta. En la misma línea, cerca de seis de cada diez evalúan la situación del país como mala o muy mala. Así, las decisiones económicas cotidianas se reorganizan bajo una lógica defensiva: ya no se trata de progresar, sino de resistir.

El endeudamiento, en este marco, deja de ser excepcional y pasa a formar parte de la rutina. La secuencia se repite: caída del poder adquisitivo, dificultad para sostener el consumo, recurso al crédito y creciente incapacidad de pago. No es un shock puntual, sino un mecanismo extendido que reemplaza parcialmente al ingreso como fuente de equilibrio. El problema, entonces, no es solo financiero: es estructural.

Los datos sobre el destino de esos créditos refuerzan el diagnóstico. La mayor parte se utiliza para gastos corrientes, pago de tarjetas o cancelación de deudas previas. Es decir, no generan ingresos futuros, sino que resuelven urgencias presentes. En términos sociales, esto implica trasladar tensiones hacia adelante: comprometer ingresos que todavía no existen para sostener consumos básicos hoy.

En paralelo, crece la distancia entre la economía que miden las estadísticas y la que viven los hogares. En marzo, el 65,8% de la población consideró que la inflación informada por el INDEC no refleja lo que percibe en su vida cotidiana. La desconfianza no se limita a una discusión técnica: surge de la experiencia concreta de pérdida de poder adquisitivo.

Esa desconfianza encuentra su explicación en un punto central

Cuando más del 80% afirma que su salario corre detrás de los precios, la inflación deja de ser un indicador abstracto y se convierte en una medida tangible: cuánto dura el sueldo, hasta qué día alcanza, qué queda afuera. En ese punto, la referencia oficial pierde capacidad de validación social. No solo por lo que mide, sino por lo que no logra corregir en la práctica diaria.

A esto se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política en las estadísticas públicas. El resultado es una brecha creciente entre el dato oficial y la percepción social, que termina erosionando la confianza en las instituciones.

Ese clima económico tiene su correlato político. En marzo, la desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó el 53,3%, con una suba de más de ocho puntos respecto a la medición anterior. La aprobación, en tanto, se ubicó en el 38,5%. La imagen presidencial también se desplazó hacia terreno negativo, consolidando un escenario dominado por valoraciones críticas.

La lectura es directa: el deterioro material de los hogares impacta en la evaluación de la gestión. Cuando el ajuste se siente en el bolsillo, la tolerancia social se reduce y las expectativas pierden peso frente a la experiencia concreta. La economía deja de ser una promesa y se convierte en un dato cotidiano.

En ese mismo tablero, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof mostró una leve estabilización, aunque en niveles bajos. Su imagen positiva se ubicó en 33,8% y la negativa en 57,2%, con un diferencial aún marcadamente desfavorable. Si bien el dato interrumpe la caída sostenida de meses anteriores, todavía no alcanza para modificar su posicionamiento estructural.

El escenario que describen los datos es el de una economía que se ajusta desde abajo. Donde los hogares absorben el impacto a través de la pérdida de ingresos, el endeudamiento creciente y la reconfiguración de sus consumos. Y donde esa dinámica, lejos de ser transitoria, empieza a consolidarse como forma de funcionamiento.

La deuda, en este contexto, ya no es una herramienta. Es el síntoma.

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