Cruce por la“Prioridad Porteña”: La Provincia respondió con críticas, advertencias y anuncios de gestión
El gobierno de la provincia de Buenos Aires salió al cruce del decreto de “prioridad porteña” firmado por Jorge Macri el pasado viernes. La iniciativa establece un criterio de atención preferente para residentes de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de quienes tengan domicilio bonaerense en otras jurisdicciones, lo que motivó una dura respuesta de la gestión de Axel Kicillof.
“Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos”, lanzó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa. El funcionario calificó la medida como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”, y advirtió que la Ciudad también depende de la Provincia para la prestación de servicios clave.
En ese sentido, recordó que desde 1977 la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza en territorio bonaerense. Actualmente, la mayor parte de los desechos porteños termina en el predio Norte III del CEAMSE, ubicado en el partido de San Martín.
Bianco remarcó que la Provincia no le cobra a la Ciudad el pasivo ambiental generado por esta actividad, y sostuvo que eso “amerita una valorización”. “¿Cuánto ha perdido la provincia de Buenos Aires por ser el repositorio de los residuos porteños desde el año 77?”, se preguntó.
Si bien no precisó una cifra, explicó que la acumulación de residuos impidió durante décadas el uso productivo de extensos terrenos, mientras que, en contrapartida, la Ciudad pudo valorizar su propio suelo al no destinarlo a estos fines.
“Gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines. Y al no disponer sus propios residuos en su territorio, hubo un montón de terrenos que se valorizaron muchísimo en la Ciudad”, contrastó el ministro.
Finalmente, desde la administración bonaerense advirtieron que, de persistir este tipo de políticas, la Ciudad podría enfrentar reclamos económicos por el pasivo ambiental acumulado. “Le va a empezar a deber mucha plata. O si no, se tendrá que buscar a dónde disponer sus residuos. Que empiece a buscar”, desafió Bianco.
El ministro de Gobierno también destacó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, al informar que la Provincia giró $13.010 millones a los 135 municipios en concepto de fondo de emergencia y fortalecimiento de la inversión municipal. Los recursos fueron asignados según el coeficiente único de distribución y son de libre disponibilidad.
En paralelo, cuestionó la exclusión de AUBASA en licitaciones de corredores viales, al considerar que se trata de una decisión “arbitraria” del Gobierno nacional. Confirmó además que la Provincia avanzará con una impugnación formal.
Sobre el conflicto en el transporte público del AMBA, responsabilizó al Ejecutivo nacional por la quita de subsidios, el aumento de tarifas y la falta de medidas frente al incremento del combustible.
En materia educativa, subrayó la continuidad de políticas universitarias frente al “desfinanciamiento histórico” de Nación, detallando inversiones en infraestructura, el alcance del boleto estudiantil, la expansión de Cuenta DNI y el crecimiento del Programa Puentes en el interior bonaerense.
En tanto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cuestionó el proyecto nacional para reformar la Ley de Salud Mental, al señalar que no resuelve los problemas estructurales del sistema. Indicó que, pese a que la ley fija un 10% del presupuesto para el área, el Gobierno nacional destina apenas el 1,4%.
Destacó, en contraposición, la política provincial con la apertura de 33 centros, el aumento del 70% en la capacidad de atención y la externación del 70% de los pacientes.
También expresó su rechazo al cierre del programa Remediar, que brindaba medicamentos a millones de argentinos, y denunció la falta de provisión de vacunas contra la influenza, señalando que la Provincia recibió solo el 26% de lo previsto.
Finalmente, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, anunció una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de ascenso, en el marco de una política integral de seguridad deportiva.
Los primeros partidos contemplados incluyen encuentros como Quilmes vs. Chicago y Colegiales vs. Temperley. Alonso destacó que la medida responde a un trabajo planificado que implicó cambios estructurales en los operativos y una mayor articulación con los clubes.
De este modo, el Gobierno bonaerense no solo profundizó sus cuestionamientos a decisiones del ámbito nacional y porteño, sino que también reafirmó su agenda de gestión con eje en la inversión pública, la defensa de derechos y el fortalecimiento de políticas provinciales.
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