La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina repudia la brutal represión en la movilización contra la Reforma Previsional
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres, que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, el respeto por las Instituciones, por los representantes del pueblo, y por el Estado de Derecho, REPUDIAMOS enérgicamente la brutal represión sufrida, en las cercanías del Congreso Nacional, por cientos de compatriotas trabajadores, jubilados, gremialistas, estudiantes y Diputados Nacionales, los cuales se encontraban manifestándose en desacuerdo con la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno Nacional.
Los Defensores del Pueblo de la Argentina, hemos solicitado expresamente al Poder Ejecutivo Nacional, la integral aplicación del Protocolo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por tal motivo, resulta repudiable el nuevo accionar violento y represivo de las fuerzas de seguridad.
Así pues, en lugar de contener el conflicto desde la prevención, se optado por la utilización de la violencia, el amedrentamiento y la represión.
Asimismo, queremos expresar nuestra solidaridad con el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien en el desempeño del rol asignado por Naciones Unidas, en procura de llevar a cabo la tarea de gestión de conflictividad social, conjuntamente con funcionarios de la Institución a su cargo, padecieron ataques por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes incluso se han negado a identificarse debidamente.
El Estado de Derecho es el apego absoluto a las normas de la Constitución y a las Leyes que la reglamenta. Las garantías constitucionales deben ser respetadas, principalmente por el Gobierno, porque sin Derecho no hay Estado.
Las instituciones se encuentran por encima de cualquier confrontación política.
Exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional, a los Gobernadores de cada una de las Provincias, y a los Legisladores Nacionales, a que garanticen a todos los argentinos la vigencia de los Derechos Fundamentales y el cumplimiento irrestricto de las garantías Constitucionales
