Rocío Fernández: ” Obligar a los usuarios a pagar una compensación, es inaplicable e ilegal.
El gobierno nacional permite que las distribuidoras les cobren a los usuarios una diferencia por tipo de cambio, retroactivo, en 24 cuotas a partir del 1 de enero de 2019. #Ejemplo: Es como si el tanque de nafta que cargué el mes pasado con el dólar a 35 pesos, cuando paso de nuevo por la estación de servicio, me dicen que le debo tres pesos por dólar, por llenar el tanque hace un mes. Pero yo ya lo pagué. Es insólito! Porque el efecto legal del pago es la extinción de la obligación. Por eso, esta Resolución atenta contra la #Seguridad Jurídica de todos los ciudadanos y el #Estado De Derecho que tiene que primar por sobre todas las cosas. El usuario ya canceló la obligación. Todo esto con el agravante que no está mencionado públicamente: las distribuidoras tienen 75 días para pagarles a las productoras de gas; por lo tanto, entre que los usuarios pagan su factura y el pago efectivo que hace la distribuidora pasan dos meses y medio.
¿Qué hacen durante todo ese tiempo con la plata de los usuarios? Con la situación actual financiera, perfectamente pueden usar instrumentos para resguardar los fondos que les cobran a la gente. ¿Y quién dice que en 75 días no hayan comprado Leliqs o dólares y que no sólo hayan ganado por el lado de los intereses obtenidos sino ahora, además, quieren ganar cobrando un adicional a los clientes?”. Según las estimaciones que existen, los usuarios de gas natural tendrán que pagar un total de 10.000 millones de pesos para compensar el efecto de la devaluación. Pero que esto no nos desvíe la ATENCIÓN: #DESAPARECIÓ la TARIFA SOCIAL ya que, con los cambios, el beneficio quedará prácticamente anulado en los hechos, y #La Población más Vulnerable accederá a un subsidio sumamente disminuido, con respecto al que existía originalmente”.
