*Cómo funcionan las alcaidías, los centros que se propone construir la Provincia para mejorar la seguridad en el Conurbano bonaerense*

Desde antes de la pandemia, inclusive durante la campaña electoral que lo llevó a la gobernación de Buenos Aires, Axel Kicillof había prometido una profunda reforma tanto en la Policía Bonaerense como en el servicio penitenciario provincial. De hecho, el Programa de Fortalecimiento de Seguridad y el Plan de Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se iban a anunciar en el mes de marzo. Pero el coronavirus obligó a cambiar las prioridades y recién ahora ambos programas se pusieron en marcha. Desde Seguridad ya comenzó la restructuración en los mandos policiales, la inversión millonaria en mejoras salariales, la compra de patrulleros y la adquisición de tecnología aplicada en domos, cámaras de seguridad y sensores que serán instalados en las paradas de transporte público. En estos días, la legislatura bonaerense trabaja sobre el proyecto de Infraestructura Penitenciaria, que ya fue aprobado en la cámara de Diputados y se espera que el Senado lo convierta en ley en los próximos días.

El ambicioso programa contempla la construcción de 30 alcaidías y 8 unidades penitenciarias a lo largo de diez años. Si bien los distritos donde estarán ubicados todavía están en discusión, trascendió que las cárceles se edificarían en el interior de la provincia y las alcaidías en el Conurbano. La explicación es lógica y los motivos son varios. Primero, la disponibilidad de tierras fiscales para las obras. Cada unidad penitenciaria requiere una cantidad de hectáreas tres o cuatro veces mayor a una alcaidía.

Segundo, razones de seguridad de los internos: mientras una cárcel alberga en promedio a 500 presos, una alcaidía solo unas decenas. Tercero, los especialistas coinciden que, más allá de alguna resistencia inicial por parte de los vecinos, las alcaidías significarán un beneficio integral para los distritos donde se construyan. Desde el punto de vista de la seguridad, significa la solución al problema de la superpoblación de presos en comisarías comunes y el consecuente hacinamiento. A esto hay que sumarle que cientos de policías que dedican sus horas a cuidar de esos presos y a controlar las visitas de sus familiares, podrán salir a patrullar las calles y cumplir su trabajo operativo esencial. También dejarían de existir las protestas y pequeños motines que de tanto en tanto se suceden en las comisarías. Pero, además, la construcción de alcaidías en el Conurbano conlleva un progreso socioeconómico para los distritos seleccionados.

Desde la creación de puestos de trabajo, se calcula en 200 nuevos empleos por cada una de ellas, hasta el beneficio lógico en la extensión de las redes de gas, agua y cloacas, y la ampliación del servicio de transporte público. Las alcaidías estarían ubicadas en zonas alejadas de los centros comerciales y generarían un rápido crecimiento en lugares que de otra manera tardarían años en desarrollarse. Estos son algunos de los aspectos positivos que esgrimen buena parte de los intendentes de los distritos que se mencionan como posibles elegidos para la construcción de alcaidías. La mayoría de ellos coincide en que una buena comunicación con los vecinos alcanzará para que los reclamos, en su gran mayoría minoritarios, dejen de existir al interiorizarse que los beneficios concretos son más que los supuestos perjuicios. Pero además de las ventajas para la comunidad, hacia “el afuera”, portones adentro las alcaidías proponen una política muy diferente a las cárceles, no solo para los detenidos y sus familias sino también para quienes trabajan en ellas. Al ser construcciones nuevas y mucho más pequeñas que los penales, el funcionamiento de las alcaidías se basa en estrategias modernas de reinserción social. Las condiciones en las que trabajan los empleados y en las que se alojan los presos garantizan los derechos de todos. Esto quedó en evidencia durante la actual pandemia: los protocolos sanitarios se desarrollaron con normalidad e incluso las visitas de los familiares de los internos se habilitaron antes del levantamiento del aislamiento social obligatorio determinado por el Gobierno Nacional. Pero, además, los detenidos realizan cursos pedagógicos de distintos niveles dictados por docentes, que incluyen desde alfabetización hasta talleres de lectura y escritura o de comunicación social. Y la oferta es más amplia e interesante: capacitación sobre violencia de género y actividad física, lúdica y terapéutica, entre otras.