El ajuste sobre ruedas: Soledad Martínez se subió al colectivo municipal con una motosierra

Nota de opinión – Diputada Sofía Vannelli

En los últimos días, el Municipio de Vicente López anunció la suspensión por un año del Servicio de Transporte Bicentenario. Una decisión que, lejos de ser meramente administrativa, expresa una manera de concebir la vida en común y el rol del Estado local.

Vicente López es uno de los municipios con mayor proporción de adultos mayores de toda la provincia de Buenos Aires. Suspender este servicio impacta directamente en personas mayores que lo utilizan para ir al centro recreativo del río, y también en mamás con bebés que asisten a la Maternidad Santa Rosa, y en familias y trabajadores que usan este transporte público gratuito en su vida cotidiana.

Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que la economía familiar ya se encuentra fuertemente afectada por las políticas de un gobierno nacional que decidió ajustar, especialmente, sobre jubilados y personas con discapacidad.

El comunicado oficial intenta justificar la medida en términos de costos y eficiencia. Sin embargo, hay un dato imposible de ignorar: el presupuesto municipal 2026 fue aprobado con una partida específica destinada al Bicentenario. Es decir, existen recursos votados por el Concejo Deliberante para sostener el servicio: 131 millones de pesos, lo que representa el 0,04% del presupuesto total. A esto se suman inversiones recientes: en 2021 se realizó el recambio de tres unidades y en 2023 se incorporó wifi gratuito.

Entonces, la pregunta es inevitable: si hay recursos asignados y el servicio funciona, ¿por qué se suspende?

Cuando existen recursos y una política pública cumple una función social concreta, la respuesta debería ser mejorarla, adaptarla, ampliarla o hacerla más eficiente. No eliminarla.

Lo llamativo es que pareciera que la decisión de la intendenta Soledad Martínez fue no intentar ninguna alternativa: no repensar el servicio, no evaluar la incorporación de publicidad, no analizar el cobro de un básico, no integrarlo al sistema SUBE, no modificar o ampliar recorridos, ni crear una app o una tarjeta que garantice la gratuidad para los vecinos y vecinas de Vicente López.

Lo que se presenta como una “pausa” de un año no lo es. Es una definición política. Es la visión de una ciudad para cada vez menos, que —en línea con el gobierno nacional— expulsa y castiga, y que elige abandonar una política de Estado en lugar de fortalecerla.

El Municipio sostiene hoy que solo viajan 600 vecinos y vecinas de Vicente López. ¿Cómo lo saben? No se cobra pasaje, no se solicita DNI al subir y no existe una app que registre los viajes. En 2019 se afirmaba que el servicio transportaba 80 mil personas por mes y que, con el nuevo recorrido de entonces en Carapachay, se sumarían otras 40 mil.

Suspender el Transporte Bicentenario no es un acto de responsabilidad fiscal. Y, si lo fuera, resulta tardío: el servicio existe desde hace más de 30 años y, además, fue previsto como gasto en el presupuesto 2026.

Esta decisión no es técnica ni inevitable. Es política. Y sus consecuencias también lo son. Suspender el Transporte Bicentenario implica recortar autonomía, tiempo y derechos a quienes dependen del Estado municipal para organizar su vida cotidiana.