Sentencia histórica por la Masacre de José León Suárez: la Justicia reconoció los fusilamientos como crímenes de lesa humanidad
A siete décadas de los fusilamientos clandestinos de 1956, la Justicia Federal de San Martín dictó una sentencia histórica en el marco del Juicio por la Verdad por la Masacre de José León Suárez. El fallo reconoció que aquellos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución.
La resolución judicial, a cargo de la jueza Alicia Vence, reconstruyó lo ocurrido durante la noche del 9 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a un basural en José León Suárez, donde fueron fusilados por fuerzas policiales en el contexto de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.
Cinco de ellos fueron asesinados —Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión— mientras que otros lograron sobrevivir a la masacre, entre ellos Juan Carlos Livraga, conocido como “el fusilado que vive”.
El juicio, desarrollado a 70 años de los hechos, no tuvo imputados debido al fallecimiento de los responsables, pero buscó establecer la verdad histórica, reconocer a las víctimas y avanzar en una reparación simbólica para sus familias.
En ese sentido, la sentencia no sólo declaró el carácter de lesa humanidad de los fusilamientos, sino que también ordenó medidas de memoria, reconocimiento público y preservación histórica, consolidando un precedente fundamental en materia de derechos humanos en Argentina.
Los hechos habían sido denunciados por el periodista Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre, considerada pionera del periodismo de investigación, que permitió sacar a la luz ejecuciones ilegales ocurridas incluso antes de la declaración formal de la ley marcial.
Familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos impulsaron este proceso durante décadas, sosteniendo el reclamo de justicia frente a la impunidad. La sentencia llega así como una reparación histórica largamente esperada, que reafirma el compromiso con la memoria y la verdad.
Este juicio se inscribe en una línea de procesos similares, como el de la Masacre de Napalpí, y fortalece la jurisprudencia que reconoce los crímenes del pasado como delitos imprescriptibles, consolidando el camino de la Argentina en materia de derechos humanos.
A 70 años, la memoria vuelve a abrirse paso. La sentencia no sólo reconstruye el horror de aquella noche, sino que también reafirma una convicción colectiva: nunca más.
