Presupuesto 2027: hay fondos para financiar las universidades sin afectar el equilibrio fiscal

Un informe de Zentrix Consultora sostiene que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario demandaría entre $2 y $3,65 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $5,93 billones sin destino específico. La reasignación de esos recursos permitiría atender las obligaciones de la norma sin modificar el resultado fiscal previsto por el Gobierno nacional.

El financiamiento de las universidades nacionales vuelve a quedar en el centro del debate presupuestario. Un análisis de Zentrix Consultora sobre el proyecto de Presupuesto 2027 advierte que el Estado cuenta con margen para cumplir la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente sin comprometer el equilibrio fiscal.

Según el informe, la aplicación de la norma tendría un costo de entre $2 y $3,65 billones durante 2027. Al mismo tiempo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $5,93 billones dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro que no tienen una asignación específica.

El dato abre una discusión central: los recursos ya están incluidos en el gasto total proyectado. Por eso, destinarlos al sistema universitario implicaría una reasignación de partidas, sin necesidad de aumentar el gasto previsto ni alterar el resultado financiero que proyecta el Gobierno.

Una ley vigente y un conflicto que sigue abierto

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y quedó vigente en octubre de 2025, luego de que ambas cámaras insistieran con los dos tercios frente al veto presidencial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que la norma no especificaba el origen de los fondos necesarios para cumplirla.

Desde entonces, el conflicto se trasladó a los tribunales. La Justicia ordenó aplicar las disposiciones vinculadas con los salarios docentes y las becas estudiantiles, mientras que el Gobierno cuestionó judicialmente la obligación de ejecutar la ley. El 6 de octubre de 2026, un juzgado federal ordenó su cumplimiento integral en una sentencia que el Ejecutivo apeló.

En ese escenario, el análisis de Zentrix pone el foco en una cuestión concreta: si existen recursos presupuestarios para cumplir con la ley sin poner en riesgo las cuentas públicas.

Cuánto costaría financiar las universidades

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,35 billones para las universidades nacionales en el artículo 12. Sobre esa base, el informe estima distintos escenarios de cumplimiento de la ley.

La aplicación de las medidas exigibles por la cautelar judicial, que incluyen la recomposición salarial y las becas, demandaría alrededor de $2 billones durante el próximo año.

En cambio, el cumplimiento integral de la norma, que también contempla la actualización de los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, la ciencia y la extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada.

En términos del presupuesto nacional, esos montos representan entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027. En relación con la economía, equivalen a entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los $5,93 billones que todavía no tienen destino específico

Uno de los principales hallazgos del informe aparece en la partida de Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto de Presupuesto 2027.

Dentro de esa jurisdicción, $7,68 billones figuran como “otras asistencias financieras”, sin que se determine de antemano quiénes serán sus destinatarios.

Para estimar los recursos disponibles, Zentrix adopta un criterio conservador: descuenta $1,45 billones previstos como reserva para aumentos salariales de la Administración Nacional y otros $0,30 billones que ya se destinan a las universidades.

Luego de esas deducciones, quedan $5,93 billones sin una asignación específica, cuyo destino definirá el Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.

El informe señala que el costo de aplicar la ley en su totalidad representaría, como máximo, el 62% de esos recursos. De esta manera, el margen identificado sería suficiente para financiar las obligaciones universitarias contempladas en la norma.

Reasignar partidas sin aumentar el gasto

La posibilidad de cumplir con la ley sin afectar el equilibrio fiscal se explica por la propia estructura del presupuesto. Como los recursos sin destino específico ya están contabilizados dentro del gasto proyectado, su reasignación no implicaría sumar nuevas erogaciones al total aprobado.

La diferencia estaría en el destino de los fondos y en el margen de decisión que conservaría el Poder Ejecutivo para distribuirlos durante el año.

El informe también señala que existen herramientas legales para realizar esas modificaciones. La Ley de Administración Financiera 24.156 habilita al jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar créditos presupuestarios dentro de los límites establecidos, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla facultades para efectuar reasignaciones durante su ejecución.

A su vez, el artículo 5 de la Ley 24.629 establece que la ejecución de determinadas leyes de gasto queda suspendida hasta que se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto nacional. Según el análisis, incluir los recursos necesarios en el Presupuesto 2027 permitiría remover el argumento presupuestario utilizado para justificar la suspensión dispuesta por el Decreto 759/2025.

El impacto sobre los salarios y la actividad universitaria

La discusión presupuestaria también tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de las universidades y las condiciones laborales de sus trabajadores.

De acuerdo con el informe, nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario se destinan al pago de salarios. En ese contexto, la insuficiencia de las partidas frente a la inflación repercute directamente sobre los ingresos de docentes y no docentes.

Aunque el acuerdo salarial de junio interrumpió una caída que se extendía desde hacía 19 meses, el salario real todavía se encontraba un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según los datos citados por el estudio.

El Consejo Interuniversitario Nacional también informó que alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período. En paralelo, la ejecución real de los recursos destinados a ciencia y técnica universitaria en 2025 representó apenas el 38% del nivel registrado en 2023.

Los números muestran que el debate excede la distribución de partidas: involucra la capacidad de las instituciones para sostener sus equipos de trabajo, la investigación científica y las actividades de extensión.

El Presupuesto 2027 puede abrir un nuevo frente judicial

El proyecto oficial incorpora otro punto de conflicto. Su artículo 12 establece un crédito presupuestario cerrado para las universidades y calcula los aumentos sobre las plantas de personal correspondientes a noviembre de 2026.

La Ley 27.795, en cambio, establece la convocatoria a paritarias con intervalos no mayores a tres meses y una actualización salarial que no puede ser inferior a la inflación.

Esa diferencia podría generar nuevas dificultades durante 2027. Según las estimaciones del informe, por cada cinco puntos porcentuales de inflación por encima de la prevista quedarían sin financiar aproximadamente $0,32 billones.

El problema es que la ley de presupuesto no puede, por sí sola, dejar sin efecto las obligaciones establecidas por una ley vigente. Si ambas normas entran en tensión durante la ejecución presupuestaria, el conflicto podría volver a los tribunales.

La decisión queda en manos del Congreso y la Justicia

El futuro del financiamiento universitario dependerá de dos instancias. Por un lado, la Cámara de Apelaciones deberá revisar la sentencia que ordenó el cumplimiento integral de la Ley 27.795. Por otro, el Congreso tendrá la oportunidad de definir las partidas al debatir el Presupuesto 2027.

La conclusión de Zentrix es que existe margen presupuestario para atender las obligaciones de la ley sin modificar el resultado fiscal proyectado. La discusión, por lo tanto, no se limita a la disponibilidad de recursos, sino que también involucra las decisiones sobre su asignación.

En ese marco, el tratamiento del Presupuesto 2027 aparece como una instancia decisiva para resolver el conflicto entre el financiamiento universitario y la política fiscal del Gobierno nacional.

Sobre el informe

El análisis de Zentrix Consultora se basa en la Ley 27.795, el Decreto 759/2025, las leyes 24.156 y 24.629, el proyecto de Presupuesto 2027 y sus planillas, las resoluciones judiciales vinculadas con el caso y datos del Consejo Interuniversitario Nacional, FEDUN-CIICTI, ACIJ, ASAP, la Oficina de Presupuesto del Congreso y el INDEC.

La información está actualizada al 13 de octubre de 2026. Las estimaciones se expresan en rangos y en pesos corrientes de 2027.

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