Malena: “La Justicia dio un paso más para frenar otro “error” del Gobierno. Las pensiones por discapacidad son una necesidad, no un lujo”
La referente en políticas sociales del espacio 1País celebró que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) haya dictaminado que corresponde otorgar una medida cautelar contra la quita de pensiones por discapacidad impuesta por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El fiscal federal Gabriel De Vedia, titular de la UFISES, intervino en el expediente que había sido iniciado por Dora Ortíz, madre de Carlos Gimenez, con discapacidad mental, y que derivó en un amparo colectivo en el que se presentaron también el diputado nacional Sergio Massa y el exministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, como apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Al respecto, Malena Galmarini señaló: “La Justicia dio un paso más para frenar otro “error” del Gobierno. Las pensiones por discapacidad son una necesidad, no un lujo. La insensibilidad les impide ponerse en el lugar del otro. Toman decisiones sin ningún análisis y después dan marcha atrás, pero siguen castigando a los más vulnerables. Ya no alcanza con pedir disculpas, a esta altura estoy convencida de que ya es parte de su ideología. Estos “errores” son siempre hacia los pobres, nunca se equivocan cuando se trata de los ricos de la Argentina”.
“El Gobierno Nacional cree que hay que ir de a poco desenganchando los vagones del tren de la Argentina. El vagón de las PyMES, el de los pobres y ahora el de las personas con discapacidad. Una medida insensible y discriminatoria que no podemos dejar pasar”, finalizó la dirigente de 1País.
Por su parte, el Dr. Claudio Espósito, referente del Frente Renovador en políticas para personas con discapacidad, manifestó: “Es un avance importante en defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad. El fiscal estableció su apoyo alegando la experiencia que tienen Sergio Massa, como extitular de ANSES, y Daniel Arroyo, como exministro de Desarrollo Social, en relación a las pensiones no contributivas, el derecho a la alimentación y al acceso a la salud. Corresponde entonces a la jueza hacer lugar a lo que sería el segundo amparo colectivo de la historia”.
En su dictamen, el fiscal federal aplicó el concepto “derecho adquirido” y el principio de “presunción de legitimidad” de los actos de la Administración Pública y recordó que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos prohíbe, en su artículo 9, al Estado realizar “comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales”, por lo que consideró acreditados los supuestos necesarios para otorgar la cautelar, por parte de la jueza Viviana Piñero
