Irregularidades en contrataciones del Municipio de Vicente López
En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025 del Municipio de Vicente López, tomó estado público un fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre la contratación de servicios de seguridad privada por parte del Ejecutivo.
El Tribunal de Cuentas es el organismo provincial encargado de auditar el uso de los fondos públicos en los 135 municipios bonaerenses. Al revisar las cuentas del ejercicio 2024 de Vicente López, formuló observaciones sobre un contrato celebrado con la firma Jorge Newbery SRL, dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada.
De acuerdo con la resolución del organismo, el municipio adjudicó a la empresa un contrato por 69.654.000 pesos, de los cuales se abonaron efectivamente 62.755.050 pesos. De ese total, el Tribunal observó 37.677.050 pesos por inconsistencias en la documentación de respaldo. Las observaciones, según consta en el fallo, refieren a la falta de identificación del personal afectado a las tareas, la ausencia de detalle sobre los períodos de prestación, la indeterminación de los lugares donde se habrían brindado los servicios y el registro de órdenes de pago sin las certificaciones correspondientes.
A las observaciones del Tribunal, se suman los antecedentes de la firma en cuestión. Según los registros provinciales, Jorge Newbery SRL fue sancionada en 2011 por el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, tras constatarse que operaba con personal no habilitado para tareas de seguridad privada. En 2016, la Provincia avanzó con la cancelación de su habilitación, al verificarse incumplimientos en los requisitos legales para funcionar. Es decir, el propio Estado provincial había determinado con anterioridad que la empresa no se encontraba en condiciones legales de prestar servicios de seguridad privada en territorio bonaerense.
La situación adquiere otra dimensión al considerar que la contratación no se limitó al ejercicio observado. Durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas se puso en evidencia que el municipio volvió a contratar a la misma empresa durante el año 2025, en paralelo al proceso de revisión del Tribunal, y permanece abierto el interrogante sobre si la prestación continúa vigente en el ejercicio en curso. A esta situación se agrega un dato relevante: la firma señalada figura como aportante de la campaña en los balances oficiales del partido PRO a nivel provincial.
Durante la sesión, el Bloque de Fuerza Patria planteó la necesidad de que el Ejecutivo municipal brinde explicaciones públicas que permitan transparentar los mecanismos por los cuales una empresa con habilitación cancelada por la Provincia volvió a recibir fondos del municipio. La concejala Laura Braiza, integrante del bloque, sostuvo que el caso amerita una revisión integral de los procedimientos de contratación y control, y remarcó que se trata de una situación que requiere respuestas del Departamento Ejecutivo.
ver el fallo aqui:
